En su lugar contamos con Francisca García Gallego, Presidenta de ACAI (Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción voluntaria del embarazo).
Directora de Clínica Ginegranada y de Clínica Ginealmaría.
El tema de la segunda clase:
"La interrupción Voluntaria del Embarazo, cuestión de Salud y de Libertad. Análisis de la actual Reforma presentada por el Gobierno"
Durante las últimas décadas, muchos países han cambiado sus legislaciones respecto al aborto ante la evidencia de que las leyes represivas y la persecución de mujeres y profesionales sanitarios no implican la disminución del número de abortos. Solo aumentan el número de abortos clandestinos y, por lo tanto, los riesgos para la salud y la vida de las mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 5 millones de mujeres sufren complicaciones médicas como consecuencia de un aborto inseguro, y 47.000 mueren en uno de los mas de 22 millones de abortos clandestinos que se practican cada año.
En España también las leyes han evolucionado. Durante la dictadura de Franco, el Código Penal castigaba con penas de cárcel no solo la interrupción del embarazo, sino también la prescripción de anticonceptivos. Hoy resulta llamativo que un atenuante para rebajar el tiempo en prisión fuera que la mujer hubiera abortado para ocultar su deshonra. Aunque los anticonceptivos se despenalizaron en 1978, el aborto siguió perseguido en todos los casos durante siete años más. Después de un tortuoso camino que incluyo un recurso de inconstitucionalidad del partido conservador, en 1985 se aprobó la despenalización en tres supuestos: violación, riesgo de malformación fetal y peligro para la salud física o psíquica de la madre.
El caso de España confirma que su persecución por ley no evita los abortos. Se estima que cerca de 20.000 mujeres españolas abortan en el reino Unido en 1982. También viajaban a Holanda y Francia. Pero muchos otros abortos se practicaban en España y algunos terminaban con las mujeres en las urgencias de los hospitales por una hemorragia o una perforación de útero además de una denuncia por haber abortado. Durante años se celebraron juicios contra mujeres y profesionales que demostraban que aquel famoso artículo 417 del Código Penal no era una mera declaración de principios.
la despenalización de 1985 se incluye en lo que se llama una regulación de supuestos, es decir, que no se considera delito el aborto en determinadas circunstancias. Como no se contempló la circunstancia socioeconómica, durante 25 años más del 90 por ciento de los abortos se practicaron por motivos de salud psíquica, que podían alegarse a lo largo de todo el embarazo. Cientos de miles de mujeres aceptaron admitir que sufrían un trastorno mental para poder interrumpir un embarazo no deseado.
Un cuarto de siglo después, en el año 2010, la legislación se modificó por un sistema de plazos que permite a las mujeres interrumpir el embarazo hasta la semana 14, estableciendo límites y normas para proteger también al no nacido. Con esta nueva regulación, similar a la de la mayoría de los paises de la Unión Europea, el número de abortos no ha aumentado, pero sí ha disminuido los abortos tardíos. El 90 por ciento se realizan en el primer trimestre del embarazo y el 68 por ciento en las 8 primeras semanas.
Sin embargo, y como sucedió con la despenalización de 1985, el Partido Popular recurrió ante el tribunal Constitucional la nueva norma. y tres años después, ya en el Gobierno, ha presentado un anteproyecto de ley denominado ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido, y de los Derechos de la Mujer Embarazada, que supone un retroceso incluso respecto a la despenalización de 1985, ya que ni siquiera contempla la malformación fetal como causa de interrupción del embarazo.
Pero la sociedad no acepta este retroceso. El 86% de la población, según las encuestas, piensa que la mujer debe elegir libremente si sigue adelante o no con un embarazo, incluyendo a la mayoría de católicos practicantes, que también rechaza que se elimine la malformación fetal como causa de aborto. El 78% del total opina que aumentarán los abortos clandestinos, en condiciones de inseguridad y riesgo para la madre si saliera adelante la nueva legislación.
El debate sobre el aborto se plantea habitualmente en términos absolutos y abstractos: el derecho a decidir sobre la maternidad por un lado y el derecho a la vida por otro. Es una controversia a menudo trufada de ideas tradicionales sobre el género, el sexo y las relaciones de poder. los argumentos jurídicos, filosóficos y morales que se utilizan para defender la vida en abstracto a menudo ignoran la vida real. La de las mujeres en particular, que son consideradas como meros recipientes, como incubadoras sin voluntad y sin autonomía, y la de las personas que necesitan unas condiciones para vivir que requieren que sus padres deseen y puedan proporcionárselas.
Detrás de cada aborto hay una vida, una historia y una razón.
Pero las razones por las que las mujeres no desean un embarazo son diversas y numerosas. Tienen que ver con su intimidad personal y con la vida real. Ninguna persona se somete a una intervención porque le agrade, el aborto es el último recurso ante un embarazo no deseado.
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